El Observatorio de la Vivienda alerta de que la inconcreción de la nueva Ley estatal permitiría declarar como tensionado entre un 20 y un 30% de los ayuntamientos gallegos
Santiago de Compostela, 13 de diciembre de 2023
Un informe presentado esta mañana ante el Observatorio de la vivienda de Galicia, órgano de carácter consultivo en el que están representados promotores y agentes inmobiliarios, arquitectos y administraciones locales, entre otros colectivos del sector, concluye que en aplicación de los diferentes indicadores que propone la Ley estatal por el derecho a la vivienda, la Comunidad podría llegar a tener entre un 20 y un 30% de ayuntamientos tensionados.
Antes de presidir la reunión del pleno del organismo, la vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, avanzó que el punto principal a tratar sería el referido estudio, en el que se analizan los precios de los alquileres o el IPC, además de otros datos, con el fin de clarificar el incidente que podría tener la declaración de zonas tensionadas en el conjunto de Galicia.
Hace falta recordar que las áreas tensionadas son un instrumento previsto en la nueva Ley de vivienda estatal y cuya aplicación permite la adopción de limitaciones en los precios del alquiler y de otras medidas para intervenir en el comprado en aquellas zonas en que, en virtud de una serie de indicadores, se entiende que puede existir riesgo de una oferta insuficiente.
En este sentido y tras incidir en la falta “de concreción” de la norma sectorial aprobada este año, ya que abre la puerta a aplicar una serie de medidas con incidente directa en el comprado del alquiler pero sin concretar al detalle los criterios a seguir, Ángeles Vázquez explicó que la Xunta tenía claro “desde lo principio” que no iba a apostar “de oficio” por una figura que, recordó, ya demostró “su ineficacia en otros países”.
“Lo teníamos claro pero queríamos contrastarlo”, indicó la vicepresidenta, en referencia al informe presentado ante los miembros del Observatorio. Segundo explicó, en él se concluye que teniendo en cuenta el Indicador de accesibilidad de vivienda (IAV) del Estado, Galicia tendría casi un 30% de ayuntamientos tensionados (concretamente 92) y en el caso de aplicar los datos de las fianzas de alquiler depositadas en el IGVS, la cifra bajaría al 20% (un total de 68 municipios), ambos índices previstos en la propia ley estatal.
Asimismo, Vázquez Mejuto destacó que dentro de ese 30% hay datos “curiosos” como el hecho de que municipios como Coirós, Rodeiro o Amoeiro, con menos de 2.500 habitantes y un promedio inferior a 100 viviendas construidas en 5 años, reunirían las condiciones para ser declarados ayuntamientos tensionados, lo que, dijo, demuestra y refuerza “” la postura de la Xunta respeto a la eficacia de este tipo de instrumentos.
Por todo el expuesto, lamentó la falta “de rigor” de la Ley por el derecho a la vivienda y su “nula fiabilidad” a la hora de impulsar medidas que influyan positivamente en el mercado de la vivienda ya que, de hecho, indicó que desde su entrada en vigor se está detectando que un porcentaje de viviendas están saliendo del comprado “por la inseguridad generada”.
“No es la solución en absoluto”, declaró la vicepresidenta, que insistió en la urgencia de que el Gobierno central convoque ya la Comisión bilateral solicitada por la Xunta para clarificar la ley y resolver las dudas competenciales que implica.
56 M€ ampliables en una veintena de medidas
El pleno del Observatorio de la vivienda de Galicia también abordó las previsiones para 2024 desde el punto de vista de las políticas en el ámbito residencial, que se plasmarán en una veintena de líneas de ayudas y programas con un presupuesto ampliable de 56 millones de euros y que facilitarán el acceso de los gallegos la una vivienda, en régimen de compra o alquiler, y la ejecución de obras de rehabilitación en los inmuebles ya existentes.
En este sentido, explicó cuáles son, desde el punto de vista de la Xunta, las “dos prioridades” en materia residencial: por un lado, ofrecer más vivienda a precios accesibles en el territorio y por otro, facilitar el acceso a un hogar en alquiler la aquellas personas y colectivos que por sus circunstancias suelen tener más complicado dar este paso.
Para avanzar en el primero objetivo, Ángeles Vázquez se refirió a las ayudas de hasta 50.000 euros que ofrecerá su departamento a pomotores públicos y privados para animarlos a construir vivienda en alquiler y con relación al segundo, se refirió a las nuevas ayudas para el arrendamiento, que en la convocatoria de 2024 primarán a los menores de 36 años, a las familias numerosas y a las monoparentales, a los emigrantes retornados y a las personas que lleven más de un año inscritas como demandantes de vivienda protegida en Galicia.